Ley de Tierras 

Rio negro es la única provincia con ley para protección de las Tierras.  

Con la iniciativa de la legisladora de la Coalición Cívica Magdalena Odarda, Rio Negro se convirtió en la primera provincia en establecer una ley para la protección de la tierra como bien natural estratégico, ante la creciente extranjerización con fines especulativos.  

La norma impulsada por la actual diputada modifica la ley de Tierras Fiscales  y la de Tierras Fiscales Rurales ubicadas en zona de frontera de la Provincia, con el fin de restringir el acceso a las personas físicas o jurídicas de origen extranjero en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, que imponen estrictas prohibiciones y límites en la adquisición de inmuebles, fijando la intervención del Estado en la defensa de su territorio, de sus recursos naturales y de su producción nacional. 

“Esta  ley dispone también la creación de un registro de sociedades extranjeras y anónimas argentinas con participación extranjera, que operen dentro de la provincia, a las que obliga a transformar sus acciones en nominativas” aseguró Odarda. 

Además, crea un registro provincial de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales. Según la diputada, “estas medidas permitirán un mayor seguimiento en los movimientos de adquisición y venta, previniendo procesos de desnaturalización y paulatina concentración y extranjerización”. 

“Lamentablemente, estamos viviendo tiempos en los que se ha sustituido la visión de la tierra como un bien social por una visión mercantilista de la tierra —advirtió la titular del bloque de la Coalición Cívica ARI —. Es el Estado el que debe ser garantía del acceso a la tierra para todos los ciudadanos, por eso creo que con esta ley vamos a tratar de atacar este proceso de extranjerización y concentración de la tierra, que se impuso desde la dictadura y con el modelo menemista también, a través de leyes complacientes y permisivas”. 

La autora de la ley remarcó que con estas leyes “complacientes y permisivas” se llegó a la situación actual en la que el 10 por ciento del territorio argentino está en manos de grupos de inversión que controlan otros países.  

De acuerdo a la iniciativa sancionada, en el caso de las personas jurídicas, se prohíbe la adquisición de tierras rurales fiscales a todo tipo de sociedad comercial que no tenga como objeto principal la explotación agraria y a aquellas que se hayan constituido en el extranjero directa o indirectamente. También se prohíbe esta adquisición a las sociedades anónimas que no adopten la forma nominativa de sus acciones y sociedades anónimas constituidas en el país pero subsidiarias de firmas extranjeras. 

Para las personas físicas se establece la necesidad de que sean residentes, con no menos de diez años de permanencia en la provincia. 

También se prohíbe la adquisición de tierra rural fiscal a quien no tenga domicilio real y legal en el país y a los funcionarios de designación política nacionales, provinciales y municipales, directivos o integrantes de sociedades en la que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte. Tampoco podrán hacerlo los empleados que se desempeñen en el organismo de aplicación de la ley. 

Odarda destaca: “con esta ley la Legislatura rionegrina aprueba un proyecto en similares términos que las iniciativas que se están analizando a nivel nacional”. Para finalizar explicó que “el proyecto avalado  por el Parlamento rionegrino se basó fundamentalmente en el proyecto impulsado por Elisa Carrió y los diputados Pablo Orsolini y Ulises Forte, de la Federación Agraria”.