Ley de Tierras 

Rio negro es la única provincia con ley para protección de las Tierras.  

Con la iniciativa de la legisladora de la Coalición Cívica Magdalena Odarda, Rio Negro se convirtió en la primera provincia en establecer una ley para la protección de la tierra como bien natural estratégico, ante la creciente extranjerización con fines especulativos.  

La norma impulsada por la actual diputada modifica la ley de Tierras Fiscales  y la de Tierras Fiscales Rurales ubicadas en zona de frontera de la Provincia, con el fin de restringir el acceso a las personas físicas o jurídicas de origen extranjero en consonancia con el derecho existente en países desarrollados, que imponen estrictas prohibiciones y límites en la adquisición de inmuebles, fijando la intervención del Estado en la defensa de su territorio, de sus recursos naturales y de su producción nacional. 

“Esta  ley dispone también la creación de un registro de sociedades extranjeras y anónimas argentinas con participación extranjera, que operen dentro de la provincia, a las que obliga a transformar sus acciones en nominativas” aseguró Odarda. 

Además, crea un registro provincial de productores agropecuarios y propietarios de inmuebles rurales. Según la diputada, “estas medidas permitirán un mayor seguimiento en los movimientos de adquisición y venta, previniendo procesos de desnaturalización y paulatina concentración y extranjerización”. 

“Lamentablemente, estamos viviendo tiempos en los que se ha sustituido la visión de la tierra como un bien social por una visión mercantilista de la tierra —advirtió la titular del bloque de la Coalición Cívica ARI —. Es el Estado el que debe ser garantía del acceso a la tierra para todos los ciudadanos, por eso creo que con esta ley vamos a tratar de atacar este proceso de extranjerización y concentración de la tierra, que se impuso desde la dictadura y con el modelo menemista también, a través de leyes complacientes y permisivas”. 

La autora de la ley remarcó que con estas leyes “complacientes y permisivas” se llegó a la situación actual en la que el 10 por ciento del territorio argentino está en manos de grupos de inversión que controlan otros países.  

De acuerdo a la iniciativa sancionada, en el caso de las personas jurídicas, se prohíbe la adquisición de tierras rurales fiscales a todo tipo de sociedad comercial que no tenga como objeto principal la explotación agraria y a aquellas que se hayan constituido en el extranjero directa o indirectamente. También se prohíbe esta adquisición a las sociedades anónimas que no adopten la forma nominativa de sus acciones y sociedades anónimas constituidas en el país pero subsidiarias de firmas extranjeras. 

Para las personas físicas se establece la necesidad de que sean residentes, con no menos de diez años de permanencia en la provincia. 

También se prohíbe la adquisición de tierra rural fiscal a quien no tenga domicilio real y legal en el país y a los funcionarios de designación política nacionales, provinciales y municipales, directivos o integrantes de sociedades en la que el Estado nacional, provincial o municipal sea parte. Tampoco podrán hacerlo los empleados que se desempeñen en el organismo de aplicación de la ley. 

Odarda destaca: “con esta ley la Legislatura rionegrina aprueba un proyecto en similares términos que las iniciativas que se están analizando a nivel nacional”. Para finalizar explicó que “el proyecto avalado  por el Parlamento rionegrino se basó fundamentalmente en el proyecto impulsado por Elisa Carrió y los diputados Pablo Orsolini y Ulises Forte, de la Federación Agraria”.

"Afirmamos que tenemos por delante un trabajo a largo plazo"

El secretario gremial, Omar Príncipe, quien preside la Comisión de Tierras, ha manifestado en varias oportunidades que desde la FAA luchan por una ruralidad diferente a la impuesta desde hace décadas por el poder central, “los pequeños y medianos productores estamos siendo expulsados y marginados del actual sistema productivo, por eso mismo, afirmamos que tenemos por delante un trabajo a largo plazo que pretende un cambio profundo de modelo”. Consideran que a partir de aquí surge la imperiosa necesidad de contar con un Instituto Nacional de Tierras y Colonización que regularice definitivamente el Uso y la Tenencia de tierras en nuestro país.

El presidente de Faa , Eduardo Buzzi, remarcó: “El modelo productivo actual se perfecciona en tanto se expulsa a los pequeños y medianos productores de sus tierras y de su actividad, lo primero que uno ve es que existe un exceso de liquidez en un porcentaje de grandes productores, lo cual genera, por un lado, que se alquilen campos a precios altos, y por el otro, que se adquieran extensiones de tierras a cualquier costo. El resultado, evidentemente, termina siendo el desplazamiento inevitable de los chacareros”.

“Frente a este escenario, debemos ser capaces de poner en la agenda pública la necesidad de contar con una nueva ley de arrendamientos y aparcerías rurales, el freno a los desalojos, una ley contra la extranjerización de tierras, contar con un proyecto de colonización que sea recibido por la clase política en su conjunto, entre otros. Y este año, al ser electoral, sumado a los cien años que próximamente cumplirá la FAA, estamos frente a una oportunidad inmejorable de hacerlo”, agregó Buzzi.

A través de la Comisión Nacional de Tierras, la FAA realizará un relevamiento e implementación del Registro Federado de Tierras, y presentará en el Congreso de la Nación una propuesta el Proyecto de Ley de creación de un Instituto Nacional de Tierras y Colonización.

Santa Rosa Recuperada

En agosto del 2002, Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir ingresaron al predio de Santa Rosa, ubicada a 90 kilómetros de la ciudad de Esquel, a 70 Km de El Bolsón, donde una comunidad mapuche con varias familias lleva adelante su vida en 534 hectáreas, mientras que un empresario, Benetton, que no habita allí, se adjudica el derecho de gobernar sobre 900.000 hectáreas. Por eso la firma Benetton, en octubre del mismo año los desaloja con una denuncia por usurpación de esas 534 hectáreas. El desalojo consistió en la destrucción de la casa construida, el desmantelamiento de las pertenencias, el secuestro de chapas, herramientas y animales y el traslado de la comunidad a El Maitén. La solidaridad con estos mapuches no se hizo esperar y comenzaron los acampes, cortes de ruta y las medicaciones, también las represalias de la corporación ligadas al poder político.

“Hacia el 2004 la demanda penal no pudo prosperar porque no había elementos que probaran el delito de usurpación”, así lo aseguró Angy,  miembro de la comunidad mapuche. Mientras tanto el conflicto tuvo repercusión. Y la firma siguió invirtiendo en la provincia con la aprobación del gobierno provincial. En el 2005 Benetton propuso la donación de 2500 hectáreas a la comunidad mapuche involucrada. Propuesta de tampoco fue concretada. Hasta que el 14 de febrero de 2007, Integrantes del pueblo mapuche recuperaron las tierras y Rosa y Atilio pudieron retornar a ellas. “Ese día-contó Angy, compañera de lucha por las tierras- decenas de habitantes de la zona llegaron al predio en disputa antes del amanecer”.

A pocos días del ingreso al predio, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut desestimó una denuncia por usurpación realizada por la Compañía de Tierras del Sud Argentino en contra de la Comunidad Santa Rosa-Leleque. Dicha denuncia indicaba que los integrantes de la Comunidad habían producido destrozos y que el ingreso al predio se había dado de manera "clandestina". Al respecto, el documento emitido por la Fiscalía señala que "…no se ha producido (de parte de la Comunidad Santa Rosa-Leleque) ningún tipo de acciones violentas y uso de amenazas contra persona alguna y tampoco se han advertido rastros o indicios que permitan inferir el uso de la fuerza…".

La Comunidad estaba habitando su tierra y se va a quedar allí y en uno de sus comunicados dicen: "Todos los hombres y mujeres de buena voluntad están invitados a acompañarnos y a ser parte de este sueño."

En todo el sur argentino, los mapuches  son corridos de sus lugares, obligados a abandonar sus comunidades, expulsados a la fuerza, acusados de usurpadores, llevados a juicio, perseguidos constantemente.

 “Santa Rosa despierta en todos nosotros pertenecientes a diversas comunidades mapuches la búsqueda de la verdad histórica”, sostuvo la integrante de la comunidad mapuche.

Además asegura que dicha comunidad ha presenciado “décadas de despojo, violencia, intolerancia, de usurpación, de desapariciones y de muerte”.

Considera que han retornado a Santa Rosa para poder volver a ser lo que eran antes, “Mapuches, gente de la tierra”, y con este gesto, desean  expresar que todas las personas tienen  derecho a diseñar nuestro propio futuro, y que “esta acción puede servir como fuente de inspiración, como aporte, como espacio abierto de participación para quienes revalorizamos la diversidad cultural”.